¿Qué es el Secreto Bancario?

Debe entenderse como una variante del secreto profesional, pues implica la no difusión de información a terceras personas.

El secreto bancario es una legislación especial que permite y obliga a bancos y entidades financieras proteger y mantener confidencial la información sobre sus clientes ante terceros, incluso aunque estos sean administraciones públicas o tributarias.

El secreto bancario se refiere a todo tipo de datos personales y económicos, incluyendo depósitos, número de cuentas o transacciones. Debe evitarse confundirse con el simple secreto profesional el cual, si bien regula la discreción para bancos e intermediarios financieros, no ofrece ni mucho menos el mismo nivel de protección.

Ahora bien; el secreto bancario puede generar problemas en las investigaciones legales pero finalmente es un derecho de privacidad de la información. Cuando una persona va, por ejemplo, a un cajero y hace un retiro, o cuando hace un depósito por internet o en ventanilla, está ejerciendo su derecho de mover libremente su dinero dentro del marco legal.

Entonces, el secreto bancario consiste en proteger toda la información bancaria de terceros, de tal manera que tú y solo tú puedas conocer el dinero que tienes disponible, tus movimientos, transacciones, historial, etc.

De esta manera, nadie puede conocer tu información bancaria, aún si fueras “sospechoso” de algún caso, pues te protege tu derecho al secreto bancario. Tal es así que el secreto bancario puede ser usado por algunas personas para lavar dinero, o por otras que quieren recurrir a países con estrictas normas de secreto bancario como los paraísos fiscales, para proteger la información de su cantidad de riqueza.

Y ¿hasta dónde puede llegar el secreto bancario?

En el Perú, según el artículo 143 de la Ley 26702, este es total, salvo por orden expresa de los jueces y tribunales hacia un caso específico en el cual esté implicado el cliente del banco al que se solicita levantar el secreto bancario.

Asimismo, se indica que el fiscal de la Nación puede levantar el secreto bancario cuando hay presunción de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. De igual manera, la SBS puede hacer lo mismo pero solo por fines de supervisión.

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Es cierto que en muchos casos el secreto bancario puede dificultar investigaciones de lavado de dinero u otras transacciones ilegales, pero es un derecho que tienen las personas de proteger la privacidad de su información bancaria.

Si bien cabe destacar que con respecto a esto último, cada vez se producen un mayor número de excepciones debido a cambios legislativos y presiones de los organismos internacionales.

Paraísos fiscales

La introducción del secreto bancario en muchos aspectos fue muy positiva, ya que garantizaba que los asuntos financieros de cada persona estuvieran convenientemente protegidos. No obstante, también abría puertas a actividades delictivas o fraudulentas, las cuales resultaban más difíciles de combatir debido a la opacidad de las cuentas.

Esto tuvo como consecuencia que países con fuerte secreto bancario, especialmente los llamados paraísos fiscales, a menudo se convertían en lugares perfectos para ocultar capitales procedentes del crimen organizado y el narcotráfico. Estos territorios muchas veces no contaban con políticas serias contra el blanqueo de capitales y no se contrastaba suficientemente el origen de los fondos que eran depositados en las cuentas bancarias.

Ante la creciente presión internacional, muchas de estas jurisdicciones offshore comenzaron, más o menos voluntariamente, a ofrecer una mayor colaboración. Para ello se introdujo legislación específica que permitía el levantamiento del secreto bancario en determinados supuestos, principalmente narcotráfico, financiación del terrorismo o casos graves de fraude. Se suscribieron tratados de asistencia legal mutua, conocidos como MLAT (Mutual Legal Assistance Treaties), con determinados países, especialmente con los Estados Unidos o Gran Bretaña.

A partir del año 2002 y con especial énfasis del 2009 en adelante, diversos organismos internacionales como la OCDE y el G-20 tomaron diferentes iniciativas para tratar de forzar a los paraísos fiscales y jurisdicciones offshore a relajar su secreto bancario, y que permitieran su levantamiento también en el caso de delitos de evasión fiscal. Se identificó a aquellas jurisdicciones que supuestamente aplicaban “prácticas fiscales dañinas” (harmful tax practices), para las cuales se proponían sanciones en caso de no colaborar en una mayor transparencia fiscal.

Vía: paraisos-fiscales.info

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